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Peru: Crimen de lesa humanidad impune hace 20 años
Recibida de ADITAL el 21-02-2005 a las 11:02

Ya se pasaron 20 años y familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca, en Perú, aún exigen justicia y sanción a responsables del crimen de lesa humanidad perpetrado el 14 de agosto de 1985.

Las organizaciones de afectados por la violencia polí­tica y los familiares de las ví­ctimas de la violencia ocurrida durante el gobierno de Alan Garcí­a Pérez respaldan a la fiscal Cristina Olazábal Ochoa, por la denuncia presentada contra los responsables del asesinato de 69 pobladores de la comunidad de Accomarca (Vilcashuamán, Ayacucho), entre quienes se encontraban niños, ancianos, mujeres. "Queremos destacar de manera especial, la labor que viene cumpliendo la doctora Olazábal quien ha demostrado firmeza y valentí­a en su gestión", agregan.

A lo largo de veinte años los familiares vienen luchando por justicia sin obtener resultado hasta el momento. Incluso, ellos denuncian que el responsable directo por los crí­menes, Telmo Hurtado, ha ascendido hasta el grado de mayor y condecorado en cuatro oportunidades, mientras las ví­ctimas permanecen a la espera de la respuesta del Poder Judicial respecto de la responsabilidad del ex presidente, Alan Garcí­a, y de los veinticinco militares denunciados por dicho crimen.

Las ví­ctimas suman 69 por el arrasamiento y destrucción de una comunidad entera. Tras la incursión militar, se destruyeron las formas de organización, las costumbres y se generó desplazamiento e inseguridad en la población.

Durante la década del 80, según el comunicado de entidades de desaparecidos, se inició una estrategia contrasubversiva que ocasionó sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Según informaciones, el entonces presidente Alan Garcí­a conocí­a esta situación y sin embargo, la toleró y encubrió a los responsables directos de los crí­menes. Por lo tanto, debe responder ante la justicia también por los casos de: Pucayacu; Umaru y Bellavista; Parcco y Pomatambo; Cayara; Santa Ana y Pampamarca; los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara; así­ como los casos presentados en San Martí­n, Apurí­mac, Pasco, Huancavelica, Huanuco, Tingo Marí­a, Ancash, entre otros.

Miembros del Partido Aprista, con el que Garcí­a aspira a ascender nuevamente al poder en las elecciones del 2006, denunciaron a la prensa peruana que la acusación fiscal contra su lí­der es una "cortina de humo", para distraer la atención de la opinión pública de los escándalos que enfrenta el presidente Alejandro Toledo y su partido Perú Posible, por un caso de presunta falsificación de firmas.

La fiscal especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, Cristina Olazábal, denunció haber recibido presiones directas para abandonar el caso de la masacre de 69 campesinos en la comunidad de Accomarca. Las peticiones en su contra tendrí­an sido presentadas inicialmente por militares y ahora, por los abogados del ex presidente Alan Garcí­a, a quien denunció por delito de omisión en el caso Accomarca.

Cristina señaló a la prensa que el ex mandatario podrí­a enfrentar una pena de 20 a 25 años de cárcel por el delito que se le imputa. Ella pidió también el impedimiento de salida del paí­s y el embargo preventivo de bienes del ex presidente Alan Garcí­a y otras 25 personas por su presunta responsabilidad en la matanza de Accomarca.

El militar Telmo Hurtado, uno de los acusados, huyó en diciembre de 2002 - un año antes de la reapertura del caso por la fiscal Cristina Olazábal - para Colombia y de allí­ para Miami, en Estados Unidos. El Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) ya habí­a procesado y sentenciado a Hurtado con una condena de cinco años de prisión por "abuso de autoridad", por su intervención en la masacre de Accomarca cuando tení­a el grado de subteniente del Ejército. Pero continuó ascendiendo hasta mayor. Continuaba en el Ejército cuando el 19 de junio de 1995 fue beneficiado por la Ley de Amnistí­a del fujimontesinismo.




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