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Madrid: el IVIMA hacina a varias familias del poblado A de Fuencarral en el proceso de remodelación del barrio
Recibida de Fed. Reg. AA.VV. de Madrid el 21-10-2004 a las 12:10

Después de 18 años de espera, el IVIMA no reconoce su verdadera composición familiar por aplicar un Decreto que regula los criterios para solicitar una vivienda de protección oficial.

Tal y como vení­a denunciando la Asociación Vecinal La Unión de Fuencarral, el Instituto de la Vivienda de Madrid ha adjudicado, en los sorteos celebrados los pasados 15, 18 y 19 de octubre, viviendas de protección pública de tres dormitorios a personas que viven solas, al tiempo que hacina a familias compuestas por cinco adultos en casas de sólo dos habitaciones.

Recordemos que las viviendas de la extinta Obra Sindical del Hogar, construidas a partir de los años cincuenta y que con la democracia pasarí­an primero al Instituto Nacional de la Vivienda y después al IVIMA, experimentaron un proceso de remodelación (sustitución por otras nuevas) en base al Decreto 100/86 de 22 de octubre sobre cesión en arrendamiento de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

Este proceso, que ha afectado a más de 6.000 viviendas de Madrid, casi ha concluido, salvo notorias excepciones entre las que destacan los Poblados A y B de Fuencarral donde, después de casi dos décadas de la publicación del referido decreto, casi la mitad de sus vecinos vive todaví­a en casas de menos de 40 metros cuadrados, consideradas infraviviendas bajo los estándares actuales. Algunas de las casi 400 familias que todaví­a esperan su nueva vivienda, muchas de las cuales llegaron a estos dos poblados hace más de 40 años, o fueron expropiados de las casas que ocupan en esta zona de Madrid o se encuentran ahora con la desagradable sorpresa de que el IVIMA ha aplicado el Decreto 195/2000, que regula los criterios para solicitar una vivienda de protección oficial, pero que deja meridianamente claro en su disposición adicional que excluye a los barrios en remodelación y de forma explí­cita a los poblados A y B de Fuencarral.

El Instituto de la Vivienda de Madrid se olvida de que estas familias no están solicitando una vivienda pública, pues ocupan una de ellas desde hace casi medio siglo y de que nunca en el resto de entregas realizadas en el proceso de remodelación de estos dos barrios se aplicó el mencionado decreto que ahora el IVIMA ha impuesto ilegalmente con mano férrea.

Hace ya seis meses, la Asociación de Vecinos entregó al viceconsejero de vivienda, Jesús Valverde, una propuesta de regulación de la composición familiar en los procesos de remodelación como respuesta al argumento del IVIMA de que no existe ningún criterio y por eso recurrí­an al Decreto 195/2000. Desde entonces, ni la Consejerí­a ni el Instituto de la Vivienda han querido negociar nada ni con la Asociación de Vecinos, ni con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que también ha intervenido de forma activa en este conflicto.

RELACIÓN DE LAS IRREGULARIDADES E ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL IVIMA EN EL PROCESO DE REMODELACIÓN DE LOS POBLADOS A Y B DE FUENCARRAL

Antes de finalizar los ochenta, se entregaron los primeros bloques del proceso de remodelación, ubicados en la Avda. del Llano Castellano, 2 (Poblado B), Avda. del Cardenmal Herrera Oria, 78 (Poblado A), en la C/ Villacastí­n, 12 (Poblado A) y en la plaza de Hontalvilla, 9 (Poblado A).
Ya en la primera parte, surgen los problemas. El edificio del Llano Castellano no cuenta todaví­a con gas natural y, en la actualidad, el 30% de las viviendas están deshabitadas.

En los tres portales del edificio de Cardenal Herrera Oria se hizo preciso sustituir más del 50% de los suelos originales antes de los dos años a partir del momento de la entrega y, en muchos casos, fueron los propios vecinos los encargados de asumir su coste. Por otro lado, el IVIMA se vio obligado a enfoscar en su totalidad el edificio por problemas de humedad.

El edificio de la calle Viillacastí­n estuvo cinco años sin acometida de gas natural por problemas de gestión del IVIMA con la empresa suministradora.

Tanto la construcción del edificio de la plaza de Hontalvilla como las de Villacastí­n y Herrera Oria se realizaron sin estar aprobado el PERI correspondiente, sin licencia municipal de obra, ni calificación definitiva.

En la siguiente fase se construirí­an 101 viviendas en lo que hoy es la plaza de Hontalvilla y 43 en la plaza de Tubilla. Las primeras tuvieron que esperar dos años para disponer de alumbrado público por conflictos de competencias entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y, en las segundas, el IVIMA pretendió entregarlas sin ascensores.

Posteriormente se inició la construcción del edificio de 84 viviendas Alejandro de la Sota (Avda. Salas de los Infantes1, 3, 5, 7, 9), pero su ejecución tuvo que ser paralizada porque la empresa adjudicataria entró en quiebra. Finalizada las obras, los vecinos tuvieron que esperar 14 meses para disfrutar de su nueva vivienda. Pero esto no es todo: los trasteros se inundan, los garajes están cerrados por estar fuera de normativa, al igual que la zona reservada para oficinas y locales comerciales.
Por último, la calle que da acceso a los portales no está asfaltada ya que ninguna institución entiende que sea competencia suya.

En una nueva fase, el IVIMA construye 63 viviendas en la calle Villacastí­n. En esta ocasión, el Instituto de la Vivienda pretende entregar las viviendas sin cocinas ni fregaderos, amén de otros desajustes con las ventanas. Estos contratiempos retrasan otro año la entrega de las viviendas. Tampoco los garajes de este bloque pueden ser entregados por no cumplir la normativa.
A continuación el Poblado A vuelve a crecer con la construcción de 10 viviendas en la calle Herrera Oria 76. Su entrega también sufrió severos retrasos porque tuvo que ser enfoscada en su totalidad ante el peligro de que el primero se cayera. A continuación, los vecinos constatan que 20 de las 120 viviendas construidas en la calle Soto de Palacios y la plaza de Tubilla carecen de ningún tipo de licencia municipal, ya que se encuentran en zonas verdes. La entrega se retrasa un año por falta de licencia de ocupación y proyecto de urbanización, motivo por el cual tampoco han entregado los garajes.




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